Málaga ha acogido una Jornada sobre la ‘Introducción a las nuevas leyes de Procedimiento Administrativo y Régimen Jurídico: su incidencia en la administración local’, el miércoles, 20 de enero. Estas leyes, que se publicaron el pasado 1 de octubre de 2015 y entrarán en vigor en octubre de 2016, supondrán importantes cambios en la relación entre la administración y los ciudadanos, por lo que el Ayuntamiento de Málaga se ha puesto ya a trabajar en la adopción de las iniciativas internas necesarias para lograr el adecuado cumplimiento de ambas normas.
En este sentido, el Ayuntamiento creará un equipo de trabajo que ayudará a la adaptación de los procedimientos municipales desde un punto de vista transversal, ya que la transformación administrativa implicará a todas las áreas. Según explicó el concejal de Economía, esta apuesta por modernizar y acercar la relación entre la administración y el ciudadano viene realizándose en Málaga desde hace tiempo. El Ayuntamiento ya ha demostrado su eficacia en algunos aspectos como el pago a los proveedores, al ser el municipio de toda España que tarda menos tiempo en hacer frente a sus obligaciones, o en transparencia
, ha explicado el concejal de Economía, Hacienda y Recursos Humanos, Carlos Conde, quien también recordó la implantación de la declaración responsable en la tramitación de licencias de apertura y licencias de obra, o la creación de una Oficina Única del Inversor para la resolución de trámites administrativos relacionados con la creación de las empresas.
La entrada en vigor de las leyes de Procedimiento Administrativo y de Régimen Jurídico supondrá importantes modificaciones tanto a nivel interno en la gestión del Ayuntamiento como a nivel externo, en cuanto a la tramitación de los ciudadanos-usuarios y la atención al público. El concejal de Economía ha manifestado que es precisamente esta incidencia lo que motiva y hace necesario preparar su entrada en vigor y lo que hace que desde el equipo de gobierno se quiera implicar a toda la organización en este reto que debe transformar las relaciones y la participación de la ciudadanía en la tramitación de sus asuntos de interés y en las formas de comunicación con el Ayuntamiento de Málaga
. Según ha manifestado, el objetivo final es adaptar la administración municipal a los usos, progresos y cambios de la sociedad del conocimiento propia de este siglo XXI, situarla en su espacio y su tiempo, dotarla de mecanismos para que la acción municipal facilite la vida ciudadana
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Relación Administración-Ciudadano
La nueva Ley 39 del Procedimiento Administrativo Común tiene como objetivo reforzar la participación ciudadana, la seguridad jurídica y la revisión del ordenamiento, basándose en la implantación de una administración totalmente electrónica, interconectada y transparente, mejorando la agilidad de los procedimientos administrativos y reduciendo los tiempos de tramitación.
Si la Ley 11/2007 de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos establecía el derecho de estos a poder relacionarse electrónicamente con las administraciones, en la nueva ley se da un giro importante ya que la ‘tramitación electrónica’ pasará a ser el canal principal y la ‘tramitación en papel’ la excepción; esto supone la, desde hace tanto tiempo buscada, ‘transformación digital de la administración’. Aunque ello no supondrá la eliminación de la atención presencial.
El objetivo de la norma será hacer más accesible la administración electrónica a todos los usuarios, hasta ahora se ha basado en el DNI electrónico y formatos de firma electrónica que, la realidad es esa, son sistemas complejos y su uso ha sido muy limitado. A partir de octubre se abrirán nuevas posibilidades más asequibles para que los usuarios se identifiquen o tramiten electrónicamente, similares a las claves concertadas o palabras de paso, a la tarjeta ciudadana o los códigos de números que se usan en la banca.
Si los ciudadanos no tienen medios electrónicos, o no saben utilizarlos, en las Oficinas Municipales de Atención, se les asesorará e, incluso, el personal de atención tramitará y firmará electrónicamente en nombre del usuario, si así este se lo permite.
Las oficinas de registro se denominarán ‘oficinas de asistencia en materia de registros’ y deberán prestar el servicio de digitalizar documentos que los ciudadanos opten por presentar en papel. Esos documentos digitalizados se incorporarán al expediente administrativo electrónico.
Archivo Electrónico Único y Avisos Electrónicos
Según la Ley dispone, las administraciones deben implantar y mantener un archivo electrónico único de los documentos de procedimientos finalizados. Este archivo electrónico dará mayor agilidad y seguridad en la gestión documental, tanto en la reutilización de documentos, que evitarán que los usuarios los presenten varias veces, como en su custodia.
Igualmente, se establecerán criterios para que una copia de un documento se considere auténtica, así como para que los expedientes se conserven garantizando la autenticidad e integridad a lo largo del tiempo. El seguimiento y consulta de estado o vista del expediente también se agilizarán.
Las notificaciones igualmente se verán facilitadas, y serán preferentemente electrónicas, incluyéndose medidas para garantizar que los ciudadanos sean conscientes de la existencia de la notificación, mediante avisos por correo electrónico o a través de dispositivos electrónicos menos formales, pero más agiles y efectivos (móviles, WhatsApp, etc.).