La Junta de Castilla y León se ha adherido a la Oficina de Registro Virtual de Entidades (ORVE) del Estado, una aplicación capaz de integrar electrónicamente los registros públicos del Gobierno de España, el Ejecutivo de Castilla y León, las nueve diputaciones provinciales y los entes locales. Su importancia radica en que abre la posibilidad de que cualquiera de ellos se pueda utilizar para remitir documentación a las administraciones mencionadas, con total garantía de que llega a su destino dado que se encuentran conectados en red. La iniciativa supone, asimismo, avanzar hacia la Administración sin papeles.
El funcionamiento de la herramienta es el siguiente: el escrito que entrega el usuario se escanea y la copia electrónica resultante se envía telemáticamente, en ese mismo momento, a la institución que corresponda. Se trata de un proceso con plena validez jurídica porque cuenta con la seguridad que aporta la firma digital y, además, permite devolver los documentos originales a la persona que los registra.
Los beneficios que conlleva el uso de esta tecnología, según destaca la Junta en un comunicado, son múltiples: el principal es que evita que los castellanos y leoneses tengan que acudir obligatoriamente a las dependencias de la Administración con la que quieren relacionarse. Con ORVE esto deja de ser preciso, porque pueden efectuar el mismo trámite en la ventanilla pública más cercana, aunque pertenezca a otra institución. A esto hay que sumar la rapidez: en lugar de tardar varios días, la comunicación llega de inmediato al organismo receptor, sea cual sea su localización geográfica o nivel administrativo. Por otra parte, se puede consultar el estado y localización de un envío al instante. Todo ello favorece directamente a los ciudadanos, tanto por el ahorro de tiempo y dinero que implica, como por la agilización de los plazos y la calidad de la información que aporta.
Asimismo, la Junta señala que la implantación de la Oficina Virtual de Registro también tiene relevantes ventajas para la Administración. La primera es que el Gobierno, la Junta y las entidades provinciales y locales pueden usar la aplicación para comunicarse entre sí, lo que trae aparejada la unificación de los procedimientos y una gran celeridad. Junto a esto, implica eliminar el papel de las oficinas –y con ello la necesidad de custodiar y almacenar un volumen elevado de documentos–, además de minimizar los costes de mensajería y transporte.
En funcionamiento 32 de los 235 registros
La tecnología ORVE ha sido desarrollada por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que la cede gratis a las autonomías que se lo demandan. Castilla y León ha sido una de las primeras en contar con este servicio, que ya está en funcionamiento en 32 de los 235 registros que dependen de la Junta, si bien el objetivo es que llegue a todos en los próximos meses.
En paralelo, su implantación se está extendiendo a los municipios, comarcas y consorcios de la Red de Oficinas Integradas de Atención al Ciudadano que así lo solicitan. Conviene recordar que este grupo reúne a las 267 entidades locales donde se puede entregar documentación en papel para otras administraciones, para su envío por la vía ordinaria.
Además, el proceso está abierto a los entes locales que deseen acceder a la aplicación. Para ello sólo hacen falta dos trámites de los que pueden informarse en el teléfono de atención al ciudadano 012: por un lado, suscribir el Convenio de Oficinas Integradas, que implica presentar el protocolo de adhesión refrendado por acuerdo del pleno del Ayuntamiento y cumplimentar un cuestionario. Este requisito no es de aplicación a las nueve diputaciones provinciales ni a las ciudades de Valladolid y Burgos, porque están incluidas de facto en virtud de la Ley 30/1992. Hecho esto, basta con dar de alta a los usuarios que van a trabajar con ORVE.