"Para que las ciudades evolucionen hacia espacios más sostenibles y eficientes, centrados en el ciudadano y con servicios públicos de mayor calidad, son necesarias las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y la colaboración de todos los agentes implicados, públicos y privados, que permitan hacer realidad las nuevas oportunidades de innovación y emprendimiento que rodean a las ciudades inteligentes", así lo aseguró Víctor Calvo-Sotelo, secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información y presidente de Fundetec, durante la inauguración de la jornada ‘La colaboración público-privada en las Smart Cities’, organizada por esta Fundación junto con Garrigues con la colaboración del Ministerio de Industria, Energía y Turismo y de la Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI).
Calvo-Sotelo ha mostrado el compromiso del Gobierno por continuar avanzando en la definición de un marco que fomente la implantación de las ciudades inteligentes, facilite la colaboración público-privada y favorezca el desarrollo del tejido productivo, principalmente en cinco líneas estratégicas: seguir impulsando la normalización en el ámbito de las smart cities a través del Comité de Normalización de AENOR; analizar las necesarias modificaciones de la regulación actual que favorezcan su desarrollo; promover instrumentos de colaboración público-privada y mecanismos para impulsar las buenas prácticas y los desarrollos abiertos; fomentar la industria y la I+D+i en el entorno de las ciudades inteligentes promoviendo la internacionalización y avanzar en la concienciación social del impacto y las ventajas de las smart cities como reto compartido por la sociedad en su conjunto.
La jornada, que ha contado con la asistencia de casi 300 personas, ha reunido a un nutrido grupo de expertos del entorno jurídico, de la Administración Pública y de empresas que trabajan en proyectos de smart cities. Como ha afirmado durante su intervención Fernando Vives, socio director de Garrigues, “el enfoque de la prestación de servicios en el ámbito local está cambiando, y los instrumentos jurídicos deben adaptarse a dichos cambios”. De ahí la necesidad de reflexionar si el marco jurídico actual está preparado para hacer frente a los nuevos modelos relacionales entre el sector público y el privado en un ámbito tan novedoso como son las ciudades inteligentes.
En la misma línea, Eulalio Ávila, presidente del Consejo General de los Colegios Profesionales de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local (COSITAL), ha subrayado la necesidad de “mejorar el marco normativo para diseñar un procedimiento más claro con el fin de garantizar la igualdad de trato en los contratos de colaboración público-privada”.
Ciudades Inteligentes
En lo que respecta a las ciudades inteligentes, Íñigo de la Serna, presidente de RECI y de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), ha resaltado que éstas no son "una moda", sino un elemento clave de desarrollo de las sociedades del futuro. Sin embargo, ha asegurado que en España aún no se ha producido su explosión, a pesar de que hay infraestructura TIC y demanda suficiente. A su juicio, “la realidad va por delante del marco jurídico, y existe un vacío legal para que la empresa privada gestione los servicios de la ciudad bajo supervisión pública”.
Por otro lado, De la Serna ha incidido en la necesidad de definir estándares que garanticen al sector privado un mercado amplio en el que implicarse como estrategia de negocio. En este sentido, ha destacado la labor de RECI, que trabaja en esa línea y en la homogeneización de aplicaciones, “avanzando en paralelo pero de forma coordinada”.
La jornada se estructuró en dos mesas de debate: la primera sobre 'colaboración público-privada en proyectos Smart City en el actual entorno legal y técnico propio de la normativa de contratación pública. Experiencias y soluciones' y la segunda sobre '¿Qué necesidades de cambio o adaptación del entorno jurídico requieren los operadores de redes y los operadores tecnológicos para participar en proyectos Smart City?'
Colaboración público-privada en las ciudades
En la primera se abordó el actual entorno legal y técnico propio de la normativa de contratación pública. Como principal conclusión se extrajo que el marco jurídico actual no puede ser la excusa para no impulsar proyectos de smart cities. Los ponentes experesaron que, si bien es cierto que, a priori, algunos aspectos propios de estas iniciativas pueden parecer difíciles de encajar jurídicamente (aspectos de financiación, duración de los contratos, relación con los nuevos operadores tecnológicos, etc.), se puede y se debe trabajar para encontrar soluciones que permitan ejecutar muchas de las iniciativas que actualmente están siendo planteadas, tanto por las administraciones públicas como por el sector privado.
Formaron parte de esta mesa, moderada por José Ramón Morales, socio de Garrigues: Ramón Ferri, Director de Tecnología del Ayuntamiento de Valencia; Jaime Carnicero, Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Guadalajara; Alfredo García, Director de Asesoría Jurídica y Secretario del Consejo de Ferrovial Servicios; Xavier Puyol, Secretario General y Director Jurídico de Cofely- GDF Suez en España, y Lluis Cases, Socio de Garrigues.
Figuras como el contrato de colaboración público-privado, el contrato especial o el contrato mixto fueron citadas como posible solución para dar cobertura a estos proyectos. Los expertos también señalaron otra vía fundamental para contribuir a la seguridad jurídica que reclaman la Administración y el sector privado: la posibilidad de trabajar en pliegos tipo y compartir modelos de éxito ya implantados o, incluso, experiencias que finalmente no pudieron llevarse a cabo.
Protección de datos
La segunda mesa de debate se centró en el entorno jurídico que requieren los operadores tecnológicos y de redes. En este marco se planteó si la privacidad de los datos puede convertirse en un impedimento para el entorno de las ciudades inteligentes, donde la interacción y las plataformas transversales generan gran cantidad de información. Los expertos destacaron la necesidad de identificar y tratar adecuadamente los riesgos específicos para la privacidad que pueden surgir por la captura masiva de datos —en ocasiones inadvertida— a través de sensores, dispositivos móviles, vehículos e, incluso, de las propias infraestructuras.
José Antonio Teixeira, Director de Innovación del Ayuntamiento de Santander y Responsable de Smart City; José María Ares, Jefe del departamento de Atención Ciudadana e Innovación Tecnológica; Antonio Muñoz, Responsable de Regulación de Telefónica Digital en España; Jordi Marín, Director de Administraciones Públicas y Sanidad de Indra; Jordi Alvinyà, Coordinador de Proyectos Smart City de Abertis Telecom, y Esperanza Ibáñez, Directora de Políticas públicas y Relaciones Gubernamentales de Google España, intervinieron en esta mesa moderados por Carolina Pina, Socia de Garrigues.
Los ponentes plantearon la importancia de que los legisladores comunitarios y reguladores en el ámbito de la protección de datos adopten soluciones flexibles que preserven los derechos de los ciudadanos, no sobrecarguen a los operadores públicos y privados y no impidan el desarrollo de las tecnologías en las que se basan las ciudades inteligentes.
De la misma forma, los representantes de las administraciones y del sector privado afirmaron que las ciudades inteligentes deben ser capaces de prever y mitigar los potenciales riesgos en la seguridad de sus redes y sistemas de información. No obstante, se destacó que la regulación de las smart cities debe abordarse desde el punto de vista de los retos, y no de las amenazas.
Clausura
Las conclusiones de esta jornada se recogerán en un documento que se dará a conocer en el marco del Smart City Expo World Congress, del 19 al 21 de noviembre en Barcelona y representará el punto de partida de futuros debates.
De la clausura del acto se encargaron Alfonso Arbaiza, Director General de Fundetec; Javier Amorós, Subdirector de Organización y Procedimientos de la Secretaría de Administraciones Públicas, y Javier Marzo, Socio de Garrigues. A modo de cierre, los componentes de esta mesa mostraron su visión de lo que queda por hacer, como la necesidad de apoyo en forma de normativa para el desarrollo de las ciudades y de regulación para eliminar barreras sin desproteger a los ciudadanos; pero también de los avances que ya se han cosneguido, en este sentido, Arbaiza recordó que numerosos países se han interesado por el modelo de la Red Española de Ciudades Inteligentes.