El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado un nuevo reglamento para el Registro general Electrónico de Convenios de la Administración de Castilla y León, que amplía su ámbito de aplicación y regula el funcionamiento electrónico de este registro. El objetivo principal de esta modernización es potenciar y ampliar las funciones que tiene encomendadas y concretar los elementos de modernización, implementando las aplicaciones electrónicas que van a dar sustento a la organización y funcionamiento, a través de soportes electrónicos y telemáticos.
Las principales novedades son la ampliación del alcance del registro, ya que se extiende a los distintos entes adscritos a la administración de Castilla y León como son las fundaciones y empresas públicas, y otros entes del Gobierno Autonómico. A su vez, también se integra en el contexto de la oficina sin papeles, prioridad de la Junta, de manera que adapta su procedimiento a las nuevas herramientas informáticas y se regula de forma electrónica. En concreto, desde el 31 de marzo de 2014 se suprimirá el papel en las comunicaciones internas de la Junta, en coherencia con la apuesta del Ejecutivo por la eficiencia y la austeridad en el gasto.
Este reglamento reduce el proceso de tramitación existente hasta ahora al pasar a formato electrónico y se llevará a cabo una publicación simplificada de los convenios en el Bocyl, aunque en algunos casos se pueda publicar el texto íntegro si la Consejería pertinente lo considera oportuno. También se mejora la organización interna y el procedimiento del registro. Todo ello supone un ahorro de costes derivado de la simplificación y de la implantación de la administración electrónica, ya que se elimina la utilización del papel. Este nuevo sistema repercutirá en la reducción de los costes derivados del funcionamiento de las instituciones públicas.
Según destacan desde el Gobierno autonómico, el impulso a la teletramitación es una de sus prioridades, así, desde su sede electrónica permite gestionar alrededor de un millar de procedimientos administrativos, casi un centenar de ellos de forma completa y el resto en una o varias de sus fases. Esta modernización refuerza el principio de transparencia, puesto en marcha por la Consejería de la Presidencia, ya que su carácter de registro público y su publicación en sede electrónica facilita el acceso de los ciudadanos a su contenido.