El Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto de Ley General de Telecomunicaciones, a propuesta del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. La Ley actualiza la normativa para adaptarla a los cambios que está experimentando el sector de las telecomunicaciones y para favorecer el desarrollo futuro de la economía digital, considerada como un pilar económico con gran potencial por el Gobierno.
El Proyecto de Ley actualiza la normativa vigente que data de 2003 y resuelve cuestiones que afectaban negativamente a la competitividad de los operadores de telecomunicaciones, como lo son la penalización del despliegue de nuevas redes, la inversión y la provisión de servicios. Por su parte, los usuarios verán mejoras en la cobertura, la velocidad de Internet y la reducción de precios y costes.
Entre las novedades de esta Ley, se simplificará el despliegue de nuevas redes, favoreciendo el uso compartido de infraestructuras entre compañías y eliminando trabas para la concesión de licencias. Además, asegura la unidad de mercado y marca las bases para la inversión en redes ultrarrápidas fijas y móviles.
La nueva Ley General de Telecomunicaciones se inserta dentro del Plan Nacional de Reformas que está llevando a cabo el Gobierno como parte esencial de la política económica. Ésta se enmarca dentro del impulso a la economía digital que el Ejecutivo ha puesto en marcha y cuyo eje central es la Agenda Digital para España.
El Proyecto de Ley General de Telecomunicaciones introduce reformas estructurales en el régimen jurídico de las telecomunicaciones, con los objetivos principales de facilitar el despliegue de redes de nueva generación, tanto fijas como móviles, ampliando su cobertura, y mejorar la oferta de servicios innovadores a los ciudadanos, de mayor calidad y a precios más asequibles, impulsando condiciones más efectivas de competencia. La consecución de estos dos objetivos se basa en cuatro grandes pilares:
- Impulso a la competencia y mejora de los servicios a los usuarios: a través de análisis de mercado; mejora en los derechos relacionados con la protección de datos y privacidad de las personas; se precisa el régimen sancionador y se facilita el cumplimento de las obligaciones; la actuación de las Administraciones Públicas en la explotación de redes y provisión de servicios de telecomunicaciones se simplifica; se crea una Comisión Interministerial sobre radiofrecuencias y salud para aumentar la confianza en la seguridad medioambiental y se refuerza la potestad inspectora y sancionadora por parte de la SETSI.
- Recuperación de la unidad de mercado, de manera que los operadores de telecomunicaciones desarrollen su actividad en un contexto de reglas únicas en la toda la geografía española: A través del diseño de mecanismos de coordinación y colaboración del Estado con las CCAA y las Entidades Locales para que faciliten el despliegue de redes de telecomunicaciones, y el establecicmiento de requisitos técnicos comunes para el despliegue de redes, así como límites máximos únicos de emisión y exposición a campos electromagnéticos en todo el territorio nacional.
- Simplificación administrativa: con la simplificación de los procedimientos administrativos estatales para acceder al uso del espectro radioeléctrico y la supresión de licencias urbanísticas y medioambientales para el despliegue de redes de telecomunicaciones en dominio privado. Las licencias serán sustituidas por declaraciones responsables.
- Facilitar el despliegue de redes: lo que redundará en una ampliación de la cobertura para los usuarios.
Para desplegar las nuevas redes de telecomunicación, los operadores podrán reutilizar las canalizaciones, conductos y emplazamientos de titularidad pública o de otras redes de operadores privados.
Control del dominio público
La nueva Ley refuerza el control del dominio público radioeléctrico y modifica otros textos legales como la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico introduciendo precisiones sobre las cookies. En este apartado, se clarifican las obligaciones y los responsables de su correcta gestión, como por ejemplo las redes publicitarias o agencias que no hubieran adoptado medidas para exigir del editor o prestador del servicio el cumplimiento de los deberes de información y la obtención del consentimiento del usuario.
El texto cambia a su vez la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica de forma que los certificados reconocidos utilizados en el DNI electrónico pasan a tener una duración de 5 años, y no de 2 años como hasta ahora.
Impacto en la economía
Según un informe de la ONTSI, el sector TIC y de contenidos digitales en España facturó 100.828 millones de euros en 2011, con una inversión realizada por parte de las empresas del sector de 17.877 millones de euros. Más de 444.600 personas trabajaban en este sector en 2011.
Según datos de 2012, el sector de las telecomunicaciones, que da empleo directo a 66.847 trabajadores, alcanzó una facturación de 35.228 millones de euros, lo que representa un 3,5% del Producto Interior Bruto (PIB). Su inversión en ese período superó los 4.000 millones de euros. Según la Comisión Europea, en este momento en Europa existe una necesidad de inversión de más de 200.000 millones de euros para que todos los hogares dispongan de banda ancha ultrarrápida en 2020, objetivo recogido en la Agenda Digital para España. En España, se calcula una necesidad de inversión de unos 25.000 millones de euros.
Según estudios de la Comisión Europea, un incremento del 10% en la penetración de la banda ancha conlleva un crecimiento del PIB de entre el 1% y 1,5%. Además, según estos estudios, duplicar la velocidad de la banda ancha en una economía supone un incremento del 0,3% del PIB. Este desarrollo conllevará una creación de más de 100.000 puestos de trabajo anuales en la Unión Europea entre 2010 y 2015. Hasta 2020, se estima la creación de unos 2 millones de empleos asociados a la innovación en servicios.
Puedes ver el Proyecto de Ley completo en el enlace de abajo desde nuestra Biblioteca.