El Gobierno de Baleares ha tomado como referencia el modelo de teletrabajo implementado en Castilla y León desde 2011. Los beneficios contrastados del trabajo desde casa, que se extienden a la propia organización, al empleado público y a la sociedad en general, animaron a la Junta castellanoleonesa a impulsarlo hace cuatro años, en línea con las recomendaciones de la Unión Europea. Así lo indicó la Consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, en el Consulado del Mar, sede de la Presidencia del Gobierno de Baleares, en el transcurso de un acto público en el que presentó la experiencia de su comunidad como un modelo pionero y de éxito.
Del Olmo ha destacado que el teletrabajo es una forma distinta y más moderna de entender la Administración, que para el Ejecutivo conlleva ventajas indudables como la mejora de la eficiencia y la productividad y el ahorro de costes. Esto se explica por el hecho de que el empleado público tiene objetivos cuantificables y evaluables que cumplir; y porque asume gastos asociados a su labor como el importe de la conexión a Internet, la electricidad o el teléfono. Con todo, para el trabajador se trata de una fórmula muy beneficiosa, puesto que le permite compatibilizar de manera más óptima sus tareas profesionales con su vida personal y familiar.
La implantación del teletrabajo en Castilla y León era una medida incluida en el Plan Estratégico de Modernización de la Administración, que además suponía cumplir un compromiso adquirido con las organizaciones sociales. El primer paso se dio en noviembre del año 2009, con la aprobación de la Orden 2154/2009, que dio cobertura legal a un programa piloto de seis meses de duración. Se desarrolló entre febrero y agosto de 2010 con la participación de 99 empleados, que fueron unánimes en calificarlo como positivo. Sus superiores también hicieron una buena valoración, hasta el punto de que el 88% se mostró satisfecho con la iniciativa.
Estos resultados animaron a la Junta a generalizar el procedimiento, y así el 17 de marzo de 2011 el Consejo de Gobierno aprobó el Decreto 9/2011, por el que se regula la jornada de trabajo no presencial mediante teletrabajo. Entró en vigor el 23 de mayo de ese mismo año, y desde entonces permite que determinados empleados públicos realicen su labor fuera de las dependencias de la Junta de forma voluntaria. Para ello se aprovechan las posibilidades de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, y se garantizan las condiciones exigidas en materia de prevención de riesgos laborales, de privacidad y de protección y confidencialidad de los datos.
Esta modalidad excluye al personal de las oficinas de registro, atención e información al ciudadano, así como a los que prestan servicios presenciales (sanitarios y docentes, por ejemplo). Tampoco pueden solicitarlo aquellos que ocupan puestos con funciones de dirección, coordinación o supervisión iguales o superiores a las de un jefe de servicio, ni los ubicados en las secretarías de altos cargos.
175 autorizaciones en dos años
El empleado público que tiene concedida la posibilidad de desarrollar su labor desde su domicilio se conecta con la Junta de Castilla y León a través de una intranet con la que accede a un entorno profesional idéntico al que tendría en su despacho. Paralelamente, una aplicación permite hacer un seguimiento de los horarios exactos en los que se está teletrabajando, así como de la frecuencia de uso y el volumen de archivos tratados, entre otros aspectos.
La jornada bajo la modalidad no presencial se fija por acuerdo entre el trabajador y el responsable del que depende, siempre teniendo en cuenta qué es lo mejor para la prestación del servicio. Lo habitual es que al menos tres días a la semana la actividad se desempeñe mediante teletrabajo, y el tiempo restante de la manera tradicional.
En los dos primeros años de aplicación del teletrabajo el número de solicitantes ha ascendido a 465, de los que han visto autorizada su petición 175. Estas cifras responden a que la Junta ha sido escrupulosa en el cumplimiento de las condiciones mencionadas, con el fin de asegurar el correcto funcionamiento de la Administración de la comunidad y el propio éxito de esta fórmula novedosa de prestación de servicios.
Encuestas de evaluación
Las encuestas periódicas sobre el teletrabajo que realiza la Consejería de Hacienda revelan que se han alcanzado los objetivos que se pretendían con su implantación, que pasan por favorecer la conciliación de la vida personal, laboral y familiar; incrementar la satisfacción del trabajador, su motivación, rendimiento y productividad, y aprovechar al máximo el desarrollo de las tecnologías de la comunicación y la información. Junto a esto, el Gobierno autonómico ha avanzado en la gestión por objetivos, ha visto reducirse el absentismo laboral y mejorar la productividad, ha hecho posible una mayor satisfacción laboral y ha logrado un efecto ejemplarizante en el mundo laboral. Todo ello, en palabras de Pilar del Olmo, redunda en un mejor servicio a los ciudadanos, que no en vano es el fin último de la Administración.