La Junta de Andalucía ha iniciado los trámites de elaboración del anteproyecto de Ley de Transparencia Pública de Andalucía. El texto estará abierto a las aportaciones de la ciudadanía, los grupos políticos y los agentes sociales en el marco del Pacto por Andalucía, para su aprobación como proyecto de ley y posterior remisión al Parlamento.
Según explicó la Consejera de la Presidencia e Igualdad de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, la futura norma tendrá como objetivo fundamental facilitar al máximo el acceso de los ciudadanos al conocimiento de la actuación de las administraciones, así como de las entidades privadas que gestionan fondos públicos o se financian con los mismos.
Respecto a la legislación estatal básica sobre la materia que actualmente se debate en el Congreso de los Diputados, la ley andaluza introduce como principal novedad la ampliación del ámbito de aplicación. De esta forma, además de las administraciones (la Junta, el Parlamento andaluz en sus decisiones administrativas, los ayuntamientos, las diputaciones, las universidades y las agencias y entidades vinculadas), estarán obligados a suministrar información los adjudicatarios de contratos del sector público; los beneficiarios de subvenciones; las entidades sin ánimo de lucro (partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales y ONG, entre otras) que reciban ayudas o subvenciones para sus actividades; las empresas privadas que gestionan servicios municipales, y las empresas y entidades que concierten con la Administración la prestación de servicios de educación, sanidad o servicios sociales.
El anteproyecto andaluz, que da respuesta a los requerimientos del Convenio del Consejo de Europa sobre acceso a los documentos públicos, parte del principio del reconocimiento de este derecho, cuyo ejercicio es fundamental para la participación ciudadana, la legitimación de las instituciones democráticas, la defensa del interés general y la garantía de integridad, eficacia, eficiencia y responsabilidad de las autoridades públicas.
Transparencia en la tramitación
Del mismo modo, la Consejera ha defendido la transparencia que se está siguiendo en la tramitación del anteproyecto: el documento aprobado por el Consejo de Gobierno está colgado en la web de Transparencia de la Junta "para que todo el mundo tenga acceso a él, pueda conocerlo y consultarlo", lo que ha contrapuesto con la tramitación de la ley estatal sobre la que no se tuvo conocimiento "hasta que entró en el Congreso de los Diputados, el pasado mes de septiembre".
El anteproyecto presentado por la consejera de la Presidencia e Igualdad se articula en torno a dos grandes conceptos: la publicidad activa y el derecho de acceso a la información pública. El primero de ellos hace referencia a la difusión por propia iniciativa de los poderes públicos, mientras que el segundo se vincula a la actuación de la ciudadanía en la petición de datos. En este sentido, ha indicado que esta ley otorgará "más control y poder al ciudadano, que no sólo tiene derecho a que la Administración le informe de oficio –porque ésta está obligada-, sino que tiene derecho a preguntar y a reclamar la información que estime".
La publicidad activa se regula en el Título II, que incluye disposiciones dirigidas a posibilitar el máximo conocimiento ciudadano de la información que sea relevante para garantizar la transparencia, en aspectos que van desde la producción normativa, la planificación, la contratación, la gestión de subvenciones, los datos económicos y presupuestarios, las relaciones de puestos de trabajo o las retribuciones e indemnizaciones de los altos cargos.
Publicación de los textos normativos
La ley andaluza adelantará el momento en que se hacen públicos los textos normativos. Así, los anteproyectos de ley se publicarán una vez sean conocidos por el Consejo de Gobierno, previamente a su aprobación como proyectos. También se marcan diferencias en relación con la información económica, financiera y presupuestaria, con la obligatoriedad de publicar datos relativos a la deuda pública y al gasto en campañas de publicidad institucional.
De acuerdo con el anteproyecto, toda la información pública objeto de publicidad activa estará disponible en las sedes electrónicas, portales o páginas web de las instituciones o entidades incluidas en el ámbito de aplicación. Además, la norma obligará a que estos contenidos sean entendibles por todos los ciudadanos; tengan acceso fácil y gratuito; se actualicen trimestralmente y cumplan con la legislación autonómica en materia de utilización de un lenguaje no sexista.
El título III regula el acceso a la información pública por parte de los ciudadanos cuando sean éstos los que tomen la iniciativa. El suministro de datos ante sus solicitudes se configura como un derecho de la sociedad y una obligación de las administraciones, en el que la excepción será la denegación o la limitación. Estos últimos supuestos serán los que fije la legislación básica estatal, principalmente por motivos vinculados a la defensa nacional, las relaciones exteriores, la seguridad o la protección de datos personales.
Respuestas en 20 días
De acuerdo con la norma, las administraciones andaluzas tendrán que dar respuesta en un plazo no superior a 20 días hábiles, frente al mes que fijará la nueva legislación de ámbito estatal. En este sentido, ha señalado que "esto es un avance en la agilidad en el acceso a la información, ya que ese plazo va a permitir que la información sea útil y que sirva a la solicitud que el ciudadano presenta".