“La no usabilidad y no accesibilidad de las tecnologías y de los procesos de relación de los ciudadanos con la Administración generan unos costes sociales y económicos enormes al Estado”, según las conclusiones del Taller de Expertos sobre "La Accesibilidad en la Agenda Digital Española" organizado este jueves por la Fundación Centro Nacional de Tecnologías de la Accesibilidad (CENTAC).
La capacidad de relación con la Administración implica “generar autonomía para el individuo y su entorno, lo que significa liberar recursos económicos”, ha señalado el Director de Accesibilidad de CENTAC, Juan Carlos Ramiro, que ha sido el encargado de moderar el encuentro, en el que también han participado el Ingeniero de la División de Tecnologías de la Información en la Oficina Española de Patentes y Marcas, Félix Serrano, y el Jefe de Servicio de Desarrollo en la División TIC del Ministerio de Justicia, Jesús Lozano. Asimismo, por parte de la Dirección General de Modernización Administrativa, Procedimientos e Impulso de la Administración Electrónica del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas han asistido la Jefa del Proyecto Ventanilla Única de la Directiva de Servicios, Patrocinio Nieto, y la Coordinadora del Área de Informática, Victoria Figueroa.
Accesibilidad y usabilidad
El debate ha comenzado planteando si los conceptos de accesibilidad, usabilidad e inclusión social incorporados en los objetivos de la Agenda Digital desarrollada por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, se van a tener verdaderamente en cuenta. Para la coordinadora del Área de Informática de la Dirección General de Modernización Administrativa del Ministerio de Hacienda, la Administración está “muy concienciada” lo que queda demostrado con el hecho de que las páginas web españolas sean “las más accesibles” de todas las administraciones europeas, con un 76% de accesibilidad, según ha indicado Figueroa.
En este sentido, la jefa del Proyecto Ventanilla Única de la Directiva de Servicios, ha explicado que la Comisión Europea “ya está trabajando” para elaborar una nueva directiva que unifique los criterios de accesibilidad de los distintos países. La libre circulación de ciudadanos “debe ser una realidad”, ha continuado Nieto, que apuesta por una Administración “adaptada” y por unir “usabilidad y accesibilidad”, ya que la usabilidad es “aplicable a todos los ciudadanos, con o sin discapacidad” por lo que, en su opinión, “englobar bajo el término usabilidad a todos, facilitaría la relación con la Administración”.
Por su parte, el ingeniero de la División de Tecnologías de la Información en la Oficina Española de Patentes y Marcas, ha apuntado que esta unión entre accesibilidad y usabilidad es “una de las claves” para que los servicios públicos sean “eficaces, simples, directos, libres y con la complejidad apropiada al tipo de trámite”. Serrano ha señalado “la concentración de esfuerzos y dedicación de recursos” como otra de las claves en aras de la “eficacia”, ya que “los mismos recursos concentrados en un objetivo común, dan mejor resultado”.
Además, el jefe de Servicio de Desarrollo en la División TIC del Ministerio de Justicia, ha explicado que los ciudadanos “no utilizan las cosas hasta que no ven la necesidad”. Por este motivo, ha manifestado Lozano, es “necesaria” una simplificación de los trámites para que la gente vea el beneficio que les puede reportar.
Servicios digitales para todos desde el principio
Desde el punto de vista de las medidas a adoptar para incorporar a las personas mayores y con dificultad a la Agenda Digital y a la Administración Electrónica, Figueroa ha declarado que no hay que incorporar, sino que hay que crear los servicios digitales adecuados a todos los ciudadanos, "con y sin discapacidad, desde el principio”. Asimismo, ha declarado que los funcionarios de los cuerpos TIC de la Administración General reciben formación de manera continua y periódica. Por su parte, para Nieto, estamos ante un “cambio de mentalidad” que implica “ofrecer acceso a determinadas cosas que quiere el ciudadano”, en vez de ser la Administración “la que pone las reglas”.
Otro tema planteado durante el debate ha sido cómo vincular la tecnología de consumo en los desarrollos con la Administración para facilitar la vida a los ciudadanos. En este ámbito, la coordinadora del Área de Informática de la Dirección General de Modernización Administrativa del Ministerio de Hacienda ha apostado por “aprovechar toda la innovación del mercado para incorporarla en el desarrollo de la Administración”, y ha hecho hincapié en la importancia de “no reinventar la rueda”.
Por último, los asistentes al taller han hablado de la importancia de incorporar la normativa técnica a la normativa legal, que debe ser “accesible para todos y ejercitable”. El gran problema, ha indicado el ingeniero de la División de Tecnologías de la Información en la Oficina Española de Patentes y Marcas, es que “el mundo legal no se mete en problemas tecnológicos y viceversa”. “Sería buena idea dinamizar el funcionamiento, centrarnos menos en el cómo y más en el qué queremos conseguir”, ha concluido Serrano.