El presidente del Gobierno de Extremadura, José Antonio Monago, y el de Red Eléctrica de España, José Folgado, han firmado esta mañana un convenio de colaboración para promover en la comunidad extremeña el desarrollo de nuevas instalaciones de transporte eléctrico, y en concreto, de aquellas que mejoren la capacidad del sistema para integrar el mayor contingente posible de nueva generación, especialmente la que procede de fuentes renovables, así como de todas las que permitan desarrollos empresariales catalizadores de empleo o procesos innovadores.
En el marco de este convenio, el presidente de Red Eléctrica ha destacado la inversión de 250 millones de euros en la construcción del eje Almaraz-Guillena (Sevilla), una línea de 400 kV y 350 km que conectará de norte a sur las interconexiones con Portugal de Extremadura y Andalucía para reforzar en su conjunto la red de transporte de estas dos comunidades autónomas.
En el protocolo firmado, que tendrá una vigencia de dos años, se establece que ambas entidades acordarán los emplazamientos de las nuevas subestaciones o la ampliación de las existentes y los pasillos para nuevas líneas eléctricas.
El Gobierno de Extremadura y Red Eléctrica de España también se comprometen a colaborar mutuamente en la elaboración de la normativa de ámbito autonómico y estatal para favorecer la integración de las energías renovables en el sistema eléctrico.
Este acuerdo, además, permitirá la colaboración entre el Gobierno autonómico y Red Eléctrica para conocer los problemas y retos concretos de integración de generación, planificación y desarrollo de la red.
En este sentido, se crea una comisión mixta de seguimiento y tres grupos de trabajo, uno que tratará de los temas relativos a la planificación, acceso y conexión a la red; un segundo que tratará lo relativo a las tramitaciones y seguimiento de las obras de construcción, y un tercero que se dedicará a la coordinación de actuaciones en la prevención y lucha contra incendios, en especial, para la realización de trabajos de mantenimiento de líneas eléctricas que requiere la ley.
Finalmente, el acuerdo contempla los contactos con otros interlocutores y promueve la concienciación de la opinión pública, grupos de interés y sectores de la Administración respecto a las necesidades del sistema eléctrico.