Este proyecto piloto, que incluye la instalación de 13 puntos de recarga, se enmarca en el contrato que se formalizó en diciembre del 2009 entre la Consejería de Economía y la empresa adjudicataria, Iberdrola, para la contratación centralizada del suministro de energía eléctrica en baja tensión de los centros de consumo pertenecientes o que se adhieran a la Red de Energía de la Junta de Andalucía (REDEJA).
En este contrato de una cuantía de 46,9 millones de euros, Iberdrola se compromete a realizar inversiones, por valor de 960.000 euros, en actuaciones de sostenibilidad ambiental directamente vinculadas con el uso de las energías renovables y/o con el ahorro y la eficiencia energética, donde se incluye el uso de vehículos eléctricos en Andalucía, sirviendo de proyecto piloto en la comunidad andaluza.
Con este proyecto pionero se sustituye la flota destinada a cubrir el servicio de mensajería de los 13 servicios centrales de las consejerías de la Junta de Andalucía, que hasta ahora se prestaba con vehículos convencionales que consumen combustibles contaminantes.
De esta forma, cada sede dispondrá de un vehículo eléctrico y de un punto de recarga que estará conectado a un sistema de gestión donde se registrarán los datos de carga, consumo y calidad disponible del suministro minuto a minuto, información sobre posibles incidencias durante el proceso de recarga, etc.
Los trece puntos de recarga instalados han sido diseñados y fabricados íntegramente por Sogecam Industrial, empresa andaluza con sede en el Parque Tecnólogico de Andalucía en Málaga y participada por Iberdrola.
La elección del servicio de mensajería está motivada por la idoneidad de sus características: cubre recorridos urbanos y periurbanos y es un servicio que se presta en todas las consejerías de la Junta de Andalucía, con lo que se consigue que todas formen parte.
Se estima que el ahorro de combustible que se conseguirá con esta medida será de más de 20.000 litros anuales, evitando además la emisión anual de 49 toneladas de Dióxido de carbono, el equivalente a retirar de la circulación una veintena coches. Esto supondrá un ahorro económico para la Junta de Andalucía superior a 24.000 euros al año.
Los vehículos eléctricos de la flota de mensajería se recargarán por la noche en horario de baja demanda eléctrica, contribuyendo así a un funcionamiento más eficiente del sistema eléctrico nacional. El modelo de vehículo eléctrico que se utilizará para este servicio es el Peugeot iOn, un coche compacto, aconsejado para recorridos cortos con posibilidad de abatimiento de los asientos traseros y disponibilidad de volumen en caso necesario.
Otras medidas de mejora de la sostenibilidad ambiental destinadas a reducir los consumos energéticos y favorecer un modelo de transporte sostenible que se han acordado entre Junta de Andalucía e Iberdrola son, mejorar la calidad del suministro a través de la instalación de 159 baterías de condensadores (que evitan pérdidas de energía) y su ubicación en los puntos de suministros asociados de baja tensión, con una inversión de 480.000 euros. Esto favorecerá un ahorro anual de 300.000 euros. También se incluye la realización de diversas auditorías energéticas en edificios públicos de la Junta de Andalucía.
Red de Energía
El Consejo de Gobierno aprobó en junio de 2007 la creación de la Red de Energía de la Administración de la Junta de Andalucía (REDEJA), una iniciativa que surge con el propósito de trasladar a la Administración andaluza los principios de ahorro energético y fomento de las energías renovables, recogidos en la Ley 2/2007, de 27 de marzo, de fomento de las energías renovables y del ahorro y la eficiencia energética en Andalucía.
REDEJA es un instrumento organizativo para promover y llevar a cabo actuaciones dirigidas a mejorar la eficiencia energética, fomentar el uso de las energías renovables y conseguir la optimización de los contratos energéticos en los centros de consumo energético de la Junta de Andalucía y de otros organismos públicos que quieran adherirse. Este instrumento de la Administración, sitúa a la Junta como referente en la gestión pública de recursos energéticos, alineándose así con los objetivos establecidos para la Administración General del Estado en el proyecto de Ley de Economía Sostenible, que adelanta al 2016 los objetivos del 20% de ahorro energético para el año 2020.